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Crear virus letales, vuelve a ser legal

El gobierno de Donald Trump retiró a finales de 2017 una serie de restricciones que impedían a centros de investigación experimentar con virus que podrían convertirse en letales.

La decisión fue anunciada por el Instituto Nacional de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), dando fin a las medidas impuestas por el gobierno del expresidente Barack Obama, en 2014.

El doctor Francis S. Collins, jefe de esa institución, afirmó que esa clase de experimentos serán permitidos, siempre y cuando un panel científico determine que los beneficios justifiquen los riesgos.

La política provocó consternación en expertos, quienes aseguran que esos experimentos son riesgosos porque podrían alterar virus y crear versiones letales, incluso transmisibles por vías aéreas y que infectarían a más personas.

La restricción fue impuesta en octubre del 2014 cuando unos 86 científicos fueron expuestos accidentalmente al ántrax en un laboratorio del gobierno de Estados Unidos.

l accidente motivó al gobierno de Obama para corregir esas deficiencias, suspendiendo fondos federales para diferentes centros de investigación.

El mismo Obama, en 2010, fue quien ofreció disculpas al gobierno de Guatemala, entonces a cargo del expresidente Álvaro Colom, por los experimentos que el gobierno norteamericano cometió en ciudadanos del país.

Entre 1946 y 1948, más de 1,500 guatemaltecos fueron inoculados con sífilis, gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual con el propósito de evaluar la capacidad de prevención de la penicilina.

Cientos de guatemaltecos padecieron diferentes males, como daños en la piel, trastornos mentales, ceguera y sordera, entre otros, que afectaron incluso a cónyuges y más familiares.

Una demanda colectiva fue presentada por 773 personas en 2015 en contra de la Universidad Johns Hopkins y la fundación Rockefeller, principales responsables de la investigación.

El caso salió a la luz en 2010. De momento, no ha existido una resolución favorable para los demandantes. En 2012 un juez federal desestimó una primera querella porque, según su criterio, no se puede responsabilizar al gobierno federal por hechos ocurridos fuera del territorio.

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